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#MonitorDeVíctimas | Cicpc y PNB son los cuerpos que cometen más ejecuciones extrajudiciales en Caracas

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Por Yohana Marra

Una amiga de Darwito avisó en su casa que lo habían matado. Su abuela, Martha de Ramírez, estaba sentada en la cocina cuando la joven tocó apresuradamente la puerta en una humilde casita de la avenida Intercomunal de El Valle.

Pero, ¿qué pudo pasar? Darwin Francisco Ramírez Guzmán tenía pocos minutos de haber salido y ella recuerda que le pidió que no estuviera mucho en la calle; él se miró en el espejo y fue.

Lo asesinaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El joven de 20 años ahora forma parte de las estadísticas. Y sus abuelos, quienes se consideran sus padres porque estuvieron a cargo de su crianza, luchan contra la indiferencia de la justicia y el 98 % de impunidad del sistema judicial (Cofavic).

Según cifras del Monitor de Víctimas —un proyecto de data periodística— 301 personas fueron asesinadas a manos de los cuerpos de seguridad durante un año en Caracas —entre mayo de 2017 y 2018.

El Cicpc y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lideran los asesinatos, con 133 y 130 ejecuciones respectivamente. Es decir, entre ambos cometieron la mayoría de las ejecuciones (87, 3 %) nada más en la capital. Testimonios de las víctimas, recogidos en la morgue de Bello Monte, reflejan casi siempre el mismo patrón: los funcionarios irrumpen en la vivienda sin orden judicial, encierran o sacan de la casa a los parientes, los agreden, le disparan al joven y luego alegan un enfrentamiento con un presunto delincuente.

En muchos casos los niños han presenciado los homicidios. Luego los efectivos roban pertenencias personales y comida, según cuenta la mayoría de los consultados.

Además de la policía científica, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un componente de la PNB, han realizado los operativos madrugadores en los barrios que dejaron atrás a las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) de 2015 o como fueron llamadas después por el presidente Nicolás Maduro: Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OHLP), al admitir las irregularidades en estos procedimientos en los que participaban varios cuerpos de seguridad.

Según el informe de Ejecuciones Extrajudiciales del año 2017 de la ONG Cofavic —que vela por la promoción y protección de los Derechos Humanos— el Cicpc (70 %) y la PNB (30 %) también tienen la batuta como los principales cuerpos que cometen las ejecuciones extrajudiciales.

El Estado se lava las manos con las ejecuciones extrajudiciales

En la investigación de Cofavic se explica que no hay cifras oficiales ni registros individualizados, esto aunado al hecho de que la gente no denuncia las agresiones por falta de credibilidad en la justicia.

En el caso de Darwin Ramírez todavía no hay detenidos ni algún avance que tranquilice a sus abuelos, Martha de Ramírez y Jorge Ramírez. De hecho, no hay fiscal titular en el tribunal que lleva la causa. Desde el 30 de noviembre de 2017 se han enfrentado a diversas irregularidades.

Ese día mataron a cuatro personas más, pero los familiares no denunciaron. Sin embargo, los abuelos de Darwito —como le llaman por su papá— se esfuerzan por defender la memoria de su muchacho, quien se había graduado de bachiller y en enero de 2018 iniciaría estudios de Informática en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

Nunca estuvo preso ni tenía antecedentes. En las declaraciones de mi esposo ese día colocaron cosas que él no dijo. Además escribieron que falleció el 1° de diciembre pero él entró sin signos vitales al hospital el mismo 30. Además sus documentos, su celular y una cadena de plata de su abuelo desaparecieron. Luego en la declaración pusieron el número telefónico de Darwito y mi esposo nunca lo dio”, contó.

La mujer de 63 años, de tez morena y con el cabello corto canoso, es muy exigente con la crianza de sus hijos y nietos, al igual que su esposo. La sala de su casa la adorna con distintas fotografías de la familia en los actos de graduación de bachiller, de Administración y Derecho, incluso hay una de ella y su esposo recibiendo el título de abogados de la UBV, ya mayores.

Descartó que la víctima estuviera implicada con alguna banda o que se enfrentara al Cicpc, ya que era un muchacho sano y no portaba armas. Antes de su muerte había estado frente al liceo donde estudiaba con sus amigos, como solía hacerlo.

En el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) también se refieren a la simulación de una resistencia para obstruir una investigación imparcial y efectiva, para esclarecer las muertes.

“En otros casos, se reportó que las fuerzas de seguridad manipularon la escena y evidencias para que las muertes parecieran haber resultado de intercambios de fuego”, expresa la publicación.

El Acnudh señaló que desde enero de 2017 el Estado no publicó resultados de las OLHP, situación que resulta menos transparente y difícil de seguir como las OLP, operativos que exacerbaron la violencia en los barrios y en los que también se registraron ejecuciones extrajudiciales.

Liliana Ortega, coordinadora general de Cofavic, indicó que es necesario que haya respuesta institucional y que el Estado produzca resultados para que las víctimas se sientan protegidas.

Mientras esto ocurra va a continuar y profundizarse [el problema], el Estado debe producir condenas, detener a los responsables y dar medidas de protección, dar señal inequívoca de que no es una decisión de Estado estas ejecuciones”.

Municipio Libertador registró más ejecuciones

De acuerdo con la data del Monitor de Víctimas, en el municipio de Caracas donde se cometieron más ejecuciones extrajudiciales durante un año fue en Libertador. De las 301 muertes este reúne 217, seguido por el municipio Sucre con 63.

Las parroquias de Libertador en las que se registraron esos presuntos enfrentamientos entre supuestos delincuentes y los cuerpos de seguridad son Sucre con 41 muertes, Petare con 34 y Antímano con 24. En Coche y El Junquito mataron a 18 personas y en Caricuao y Santa Rosalía a 17.

La data periodística recoge que la mayoría de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales son jóvenes entre 20 y 27 años.

“Hemos criado a nuestros hijos con valores, somos cristianos y religiosos. Tengo mucha fe de que esto no se va a quedar así, tarde o temprano haremos justicia porque lucharemos por eso“, dijo Marthe de Ramírez, abuela de Darwin Ramírez.

El Acnudh instó al Estado a tomar medidas inmediatas para detener el uso excesivo de la fuerza e impedir violaciones a los Derechos Humanos en estos operativos de seguridad, incluso cooperando para llevar a los presuntos responsables ante la justicia.

También exigió al Ministerio Público restablecer la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales, para conducir investigaciones independientes en los casos que involucren a las fuerzas de seguridad.

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