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Sebastiana Barráez: El gobierno no defenderá a militares que violen los DDHH

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Feb 14, 2018 5:39 pm
Publicado en: Actualidad, NacionalesMilitares reprimiendo durante las manifestaciones de 2017/ Foto de Juan PerazaMilitares reprimiendo durante las manifestaciones de 2017/ Foto de Juan Peraza

Resultó una confesión para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que Tareck William Saab, nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente como Fiscal General de la República, dijera que “quien participe individualmente, grupalmente o selectivamente en casos de violaciones de derechos humanos no va a tener ningún tipo de impunidad, sino castigo y sanción en base a los tratados suscritos por Venezuela y su Constitución”.

Por: Sebastiana Barráez

Así respondió a la decisión de la Corte Penal Internacional de “examinar” delitos de violación de Derechos Humanos durante las protestas de 2017.

“Tras una revisión cuidadosa, -dice el comunicado de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda,- independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes (…) he decidido abrir un examen preliminar” sobre la situación en Venezuela”.

“También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, destaca la CPI.

Agregó el comunicado de la fiscal de la Corte Penal Internacional que en el caso venezolano, desde abril de 2017 “se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato”.

Saab se apresuró a aclarar que el Estado venezolano prohibió el uso de armas de fuego en las manifestaciones. “Hubo una expresa prohibición, incluso anunciada por el presidente Nicolás Maduro, a efectos de que no se hiciera uso de armas de fuego para dispersar las manifestaciones, de modo que aquel funcionario que haya cometido el lamentable hecho de violar el derecho a la vida o la integridad de algún ciudadano, bajo nuestra presencia, no tendrá impunidad y así lo hemos ido demostrando”.

No hace el fiscal Saab mención alguna a la Resolución 8.610 del 23 de enero 2015, Gaceta Oficial Nro. 40.589 del 27 de enero 2015, “Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”. Está dejando muy claro que esa Resolución no va a ser usada como excusa por funcionario alguno a la hora de quienes resulten involucrados en violación de derechos humanos.

Saab busca la sombra cuando se queja de que la información de la CPI pudiera estar “sesgada” o al menos “pareciera sesgada” porque esa instancia no estableció comunicación con la Fiscalía, porque así sabrían sobre los casos ocurridos de abril a julio de 2017, que están judicializados y si se atendieron a las víctimas desde agosto pasado.

Destacó que el Ministerio Público maneja informes minuciosos sobre las imputaciones y acusaciones en las llamadas guarimbas del 2017. “El Ministerio Público anterior (el de Luisa Ortega Díaz) no oficializó casos, no atendió a víctimas, no hizo ningún tipo de pronunciamiento para evitar la violencia en el país. Hasta la propia fiscal Bensouda tuvo que reconocer que actuaron civiles armados. Este nuevo Ministerio Público tiene suficiente documentación de que los casos fueron atendidos, junto a la Defensoría del Pueblo y los tribunales, y muchos han tenido imputación y acusación”, enfatizó Tareck William Saab.

En el programa “Zurda Konducta”, donde demostró estar muy relajado, entre risas y bromas, resalto en los espacios de seriedad, que en la Constitución Bolivariana se le haya dado un Título a lo relacionado a los Derechos Humanos. “La cultura del terrorismo de Estado, que la había en el pasado, la institucionalización de la tortura, de la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada, no es una política de Estado”.

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